INE solicita aplazar la elección judicial de 2027 al 2028 ante alto riesgo logístico y operativo
Advierten a la Cámara de Diputados que la concurrencia de los comicios judiciales con las elecciones federales y locales representaría un escenario inmanejable y un sobrecosto multimillonario
Cortesía de Alejandra Velázquez Guzmán/Diario del Istmo

El Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, solicitó formalmente a la Cámara de Diputados posponer la segunda elección del Poder Judicial, programada para 2027, y trasladarla a 2028.
Durante una reunión en el Palacio Legislativo de San Lázaro con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, los consejeros presentaron un diagnóstico técnico que advierte sobre los graves riesgos logísticos, operativos y presupuestales de realizar ambos comicios de manera concurrente.
Empatar la elección de jueces y magistrados con el proceso electoral de 2027 generaría un nivel de estrés institucional sin precedentes. En dicho año, México renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y miles de ayuntamientos. Sumar a este panorama la elección de 855 juzgadores obligaría al INE a desplegar una logística titánica que pondría en riesgo la viabilidad de los resultados.
Impacto operativo y logístico
El consejero Martín Faz Mora explicó que el desdoblamiento operativo necesario para una elección concurrente estresaría innecesariamente el modelo electoral nacional. Las cifras del INE son contundentes: de mantenerse el calendario actual, se requeriría instalar aproximadamente 354 mil casillas en todo el país, el doble de una jornada ordinaria.
Además, el instituto tendría que capacitar a tres millones de funcionarios de casilla y a 100 mil supervisores. A esto se suma el reto de imprimir 985 millones de boletas electorales y fiscalizar más de 55 mil candidaturas, un escenario calificado como “prácticamente inmanejable”. Diversos consejeros, como Carla Humphrey y Arturo Castillo, respaldaron de forma unánime esta postura institucional.
Implicaciones presupuestales y ahorro proyectado
Otro argumento central expuesto por Taddei es el impacto financiero. Según estimaciones del INE, llevar a cabo las elecciones concurrentes en 2027 tendría un costo total de 21 mil millones de pesos. De esta cifra, 8 mil millones corresponderían exclusivamente a la elección del Poder Judicial.
Si el Congreso aprueba diferir los comicios judiciales a 2028, el costo se reduciría a 6 mil millones de pesos. Este ahorro de 2 mil millones se lograría al optimizar y reutilizar el personal, los espacios físicos y la infraestructura logística empleada en el proceso federal previo, evitando la duplicidad de gastos.
El futuro de la reforma judicial
La propuesta del INE ha encontrado eco en el Poder Legislativo. Ricardo Monreal reconoció que existe consenso para evitar la concurrencia de estas elecciones. Dado que la ley impide realizar modificaciones fundamentales a las reglas electorales tres meses antes del inicio del proceso, el Congreso deberá tomar una definición en las próximas semanas mediante un periodo extraordinario de sesiones.
La decisión final recaerá en los legisladores, quienes deberán sopesar la viabilidad técnica expuesta por el INE frente a los plazos de la reforma judicial, garantizando la integridad del sistema democrático.