Planta de amoniaco en Topolobampo sigue vigente; Semarnat refuerza vigilancia en Bahía de Ohuira
La dependencia federal reiteró su compromiso con la protección ambiental y el diálogo comunitario, mientras pobladores indígenas Mayo-Yoreme mantienen protestas contra el megaproyecto en Topolobampo
Cortesía de Omar Bretón/Diario del Istmo
La Semarnat confirmó que la autorización ambiental de la planta de amoniaco de GPO en Sinaloa sigue vigente, aunque condicionada y bajo vigilancia. A la par, comunidades originarias continúan su rechazo al proyecto mediante movilizaciones.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reafirmó su compromiso con la protección de la Bahía de Ohuira, en el estado de Sinaloa, así como con el diálogo permanente con las comunidades locales frente a la controversia generada por el desarrollo industrial en la región. La dependencia federal emitió un pronunciamiento para aclarar el estatus regulatorio de los megaproyectos que buscan instalarse en este ecosistema costero.
De acuerdo con la información oficial, el proyecto denominado Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo, promovido por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), mantiene una autorización ambiental vigente. Sin embargo, las autoridades precisaron que dicho permiso se encuentra bajo un régimen de estricta supervisión, inspección y vigilancia para garantizar que no se vulnere el entorno natural.
La autoridad ambiental destacó la relevancia ecológica de la zona, subrayando que la Bahía de Ohuira alberga ecosistemas costeros de incalculable valor ambiental, social y cultural para el noreste de México. Esta riqueza biológica y pesquera constituye el patrimonio fundamental y la principal fuente de sustento para las comunidades originarias y los pescadores que habitan la región.
El historial de este complejo industrial se remonta a administraciones federales anteriores. Originalmente, el proyecto recibió su primera autorización en materia de impacto ambiental en el año 2014, logrando posteriormente una ampliación de plazo en 2018, lo que desató las primeras inconformidades por parte de los habitantes locales que temían afectaciones a su territorio.
El panorama legal dio un giro en 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución determinante. El máximo tribunal del país ordenó que debía realizarse una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas involucradas, obligando a la Semarnat a dejar sin efectos las autorizaciones otorgadas previamente.
En estricto cumplimiento del mandato judicial, el gobierno federal llevó a cabo el proceso de consulta indígena entre los meses de mayo y septiembre de 2022. Este ejercicio participativo se enfocó en las comunidades Mayo-Yoreme de la región e incluyó la realización de 13 Asambleas Generales para escuchar las posturas de los pobladores respecto a la instalación de la planta de fertilizantes.
Como resultado de este proceso de consulta, el 19 de septiembre de 2022, la autoridad ambiental emitió una nueva autorización en materia de impacto ambiental. No obstante, este permiso fue entregado de manera condicionada, obligando a la empresa promovente al cumplimiento de diversas y rigurosas medidas de mitigación ambiental que continúan siendo monitoreadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
A pesar de la nueva autorización, el proyecto no está exento de revisiones administrativas y disputas legales. La Semarnat confirmó que aún se encuentran en revisión diversos procedimientos relacionados con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), además de que existen recursos legales promovidos tanto por las comunidades opositoras como por la propia empresa desarrolladora.
En el terreno social, la resistencia contra el megaproyecto se mantiene activa. Las principales expresiones de rechazo provienen de tres comunidades indígenas asentadas en la bahía: Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones, cuyos habitantes han protagonizado recientes jornadas de protesta y plantones comunitarios en Topolobampo, argumentando que la planta representa un riesgo inminente para el territorio y las familias que dependen del mar.
Finalmente, frente a este complejo escenario, la Semarnat aseguró que continuará actuando conforme a sus atribuciones legales para salvaguardar los bienes de la nación. La dependencia reiteró que los mecanismos de atención comunitaria y la coordinación institucional seguirán operando para asegurar la observancia de la legislación ambiental vigente, buscando un equilibrio entre el desarrollo industrial y la conservación ecológica.
