Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Sinaloa se entrega en EU por proteger a “Los Chapitos”

_{El exdirector de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés, se puso a disposición de la justicia estadounidense tras ser acusado por una corte de Nueva York de recibir sobornos para proteger las operaciones del crimen organizado}

_{Cortesía de Irene Alarcón/Diario del Istmo}

El exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, se entregó a las autoridades de Estados Unidos tras ser señalado por presuntos nexos con el crimen organizado. Este acontecimiento marca un punto de inflexión en la ofensiva judicial que el país vecino ha emprendido contra exfuncionarios mexicanos, a quienes acusa de brindar protección institucional a la facción delictiva conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

La acusación formal fue presentada ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York por el fiscal Jay Clayton, en estrecha coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA). En este expediente judicial, el gobierno estadounidense detalla una compleja red de corrupción en la que altos mandos de seguridad y figuras políticas habrían facilitado las operaciones de narcotráfico, permitiendo al grupo criminal actuar con total impunidad en diversas regiones del territorio sinaloense.

De acuerdo con las indagatorias reveladas por las autoridades norteamericanas, Almanza Avilés presuntamente recibía sobornos periódicos que ascendían a los 300 mil pesos mensuales a cambio de evitar acciones policiales contra los miembros de la organización. Los documentos judiciales lo identifican bajo el alias de “R1” en las nóminas del cártel, señalando que su posición fue clave para garantizar el tránsito de precursores químicos destinados a la elaboración de fentanilo y para neutralizar a grupos rivales.

La red de complicidades y el impacto político en Sinaloa

El caso de Almanza no es un hecho aislado, sino que forma parte de una investigación mucho más amplia que involucra a una decena de funcionarios y exfuncionarios de alto nivel. Entre las personas mencionadas en el expediente destacan el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; y el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, lo que ha generado un fuerte sismo político tanto a nivel estatal como nacional.

La entrega del exmando policiaco incrementa significativamente la presión sobre el gobierno mexicano y las autoridades locales, evidenciando la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad frente a la infiltración del crimen organizado. Diversos reportes periodísticos apuntan a que otros exfuncionarios implicados en la misma carpeta de investigación también habrían decidido ponerse a disposición de la justicia estadounidense en días recientes, buscando posibles acuerdos procesales ante la contundencia de las pruebas en su contra.

Almanza Avilés forjó una extensa trayectoria de 31 años dentro de las corporaciones de seguridad sinaloenses, iniciando en la Policía Ministerial hasta alcanzar el rango de Comisario General. Fue nombrado titular de la Policía de Investigación en 2017, cargo que ocupó bajo el mando de dos fiscales distintos hasta presentar su renuncia en noviembre de 2022, periodo exacto en el cual presuntamente ocurrieron los actos de corrupción y encubrimiento que hoy se le imputan en Nueva York.

De las declaraciones ante la FGR a la custodia estadounidense

Apenas el pasado 26 de mayo, el exjefe policiaco acudió en calidad de testigo a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para comparecer por estos señalamientos. A su salida, ofreció declaraciones a los medios de comunicación donde negó categóricamente haber pertenecido a algún grupo delictivo, afirmando que durante sus más de tres décadas de servicio actuó con total rectitud, apegado a la ley, y que no tenía nada que ocultar ante la justicia.

En esa misma comparecencia pública, Almanza descartó tajantemente la posibilidad de entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, aunque dejó abierta la puerta para acudir si era requerido mediante los canales diplomáticos formales. Expresó su desconfianza hacia el sistema judicial del país vecino, pidiendo que las investigaciones en México se realizaran con rigor y asegurando que se mantendría en su domicilio particular para hacer frente a cualquier requerimiento legal que surgiera en su contra.

Sin embargo, el drástico cambio de postura y su posterior entrega voluntaria en territorio estadounidense han generado múltiples interrogantes sobre los verdaderos motivos que lo llevaron a tomar esta sorpresiva decisión. Expertos en seguridad nacional sugieren que la solidez de las evidencias recabadas por la DEA y la posibilidad de negociar beneficios penales a cambio de revelar información clave sobre la estructura política del cártel podrían haber influido de manera determinante en su actuar.