Javier Duarte al borde de una nueva condena: así es como la FGR busca impedir su salida en abril
Este jueves 12 de febrero de 2026, el exgobernador de Veracruz comparece ante el juez en el Reclusorio Norte; tras negársele la libertad anticipada, la Fiscalía va por una pena de hasta 14 años por el presunto desvío de fondos para personas con discapacidad
Cortesía de Fabian Pamplona/Diario del Istmo
La libertad de Javier Duarte de Ochoa, programada teóricamente para el próximo mes de abril tras cumplir una sentencia de nueve años, pende de un hilo este jueves. En una carrera contra el tiempo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha citado al exmandatario veracruzano a una audiencia crucial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, con el objetivo de imputarle el delito de peculado y asegurar su permanencia en prisión.
La audiencia, presidida por el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, inició a las 09:30 horas de este 12 de febrero de 2026. La estrategia del Ministerio Público Federal se centra en acusar a Duarte del presunto desvío de cinco millones de pesos provenientes del Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz, un ilícito que data del año 2012. De ser hallado culpable bajo el Artículo 223 del Código Penal, el expriista podría enfrentar una nueva pena de hasta 14 años de cárcel, lo que nulificaría su inminente salida.
Este movimiento judicial llega tras una serie de reveses para la defensa del político. Apenas el pasado mes de noviembre, la jueza de Ejecución Penal, Ángela Zamorano, determinó no otorgarle el beneficio de la libertad anticipada. Aunque Duarte ha cumplido el 95 % de su condena original por lavado de dinero y asociación delictuosa —equivalente a tres mil 143 días de reclusión—, la juzgadora falló en su contra argumentando que no cumplió a cabalidad con los requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Específicamente, se señaló una “insuficiencia probatoria” respecto a su plan de actividades educativas, culturales y deportivas durante sus más de ocho años de internamiento. Si bien se le reconoció buena conducta general, su historial en prisión no ha estado exento de polémicas, incluyendo sanciones por la posesión de artículos prohibidos como un módem, alcohol sólido y alteraciones al orden en la unidad médica.
La comparecencia de hoy se realiza bajo un ambiente de tensión legal. La audiencia de imputación había sido diferida en tres ocasiones previas; la más reciente, el lunes pasado, debido a la ausencia de sus abogados particulares por motivos de salud. Ante esta situación, el juez Aquiles Villaseñor determinó que, para evitar más dilaciones, a Duarte se le designaría un defensor público federal para la sesión de este jueves.
Expertos en el caso señalan que esta nueva imputación es la “carta fuerte” de la FGR para evitar que uno de los símbolos de la corrupción política de la última década regrese a las calles. Mientras la defensa, encabezada por Pablo Campuzano, mantiene apelaciones pendientes sobre la sentencia de la jueza Zamorano y otros procesos, el destino de Javier Duarte se define hoy en los tribunales: o se prepara para su libertad en abril, o inicia un nuevo y largo periodo tras las rejas.
