TEV protege a síndica de Catemaco y admite juicio por presunta violencia política de género
El procedimiento quedó radicado bajo el expediente TEV-JDC-365/2026 y fue notificado oficialmente al Ayuntamiento de Catemaco, cuyos integrantes fueron señalados en la demanda presentada por la edil
Cortesía de Santos López Celdo/Diario del Istmo
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) admitió un juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por la síndica de Catemaco, Yani del Carmen Ricalde Moreno, y ordenó medidas cautelares a su favor ante presuntos actos de violencia institucional y violencia política contra las mujeres en razón de género.
El procedimiento quedó radicado bajo el expediente TEV-JDC-365/2026 y fue notificado oficialmente al Ayuntamiento de Catemaco, cuyos integrantes fueron señalados en la demanda presentada por la edil.
TEV admite juicio contra autoridades municipales de Catemaco
De acuerdo con el acuerdo emitido por el máximo órgano jurisdiccional electoral de Veracruz, la síndica acusa diversas omisiones, actos, simulaciones y conductas que presuntamente han afectado tanto el ejercicio de sus funciones como su desempeño dentro de la administración municipal.
Entre las personas señaladas se encuentran integrantes del Cabildo, así como funcionarios de primer nivel, incluidos el tesorero municipal, el secretario del Ayuntamiento y el contralor interno.
La notificación correspondiente fue colocada en los estrados del Palacio Municipal de Catemaco, donde se informó sobre el inicio formal del procedimiento y se establecieron los plazos legales para la presentación de respuestas, comparecencias de terceros interesados y demás actuaciones procesales.
Asimismo, el Ayuntamiento de Catemaco y el presidente municipal fueron señalados como autoridades responsables dentro del expediente, por lo que deberán atender las disposiciones emitidas por el Tribunal mientras se desarrolla el análisis jurídico del caso.
Síndica acusa exclusión y presuntas irregularidades
Desde el inicio de la actual administración municipal, Yani del Carmen Ricalde Moreno ha denunciado públicamente diversas situaciones que, a su consideración, han limitado el ejercicio de sus atribuciones como síndica y representante legal del Ayuntamiento.
Entre los señalamientos destaca que presuntamente ha sido excluida de sesiones de Cabildo, omitida en la toma de decisiones relevantes y marginada de asuntos relacionados con la aprobación de obras públicas y la revisión de la cuenta pública municipal.
La funcionaria también ha manifestado que ha sido víctima de amenazas, injurias y agresiones verbales, circunstancias que la llevaron a solicitar la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, así como de la dirigencia estatal de Morena.
Conflicto político interno persiste en la administración municipal
El diferendo entre la síndica y el alcalde ha marcado buena parte de la actual administración municipal. Tanto Yani del Carmen Ricalde Moreno como el presidente municipal, Norberto Eduardo Toscano, llegaron al cargo bajo las siglas de Movimiento Ciudadano; sin embargo, con el paso de los meses surgieron desacuerdos que derivaron en un conflicto político y administrativo al interior del Ayuntamiento.
Las diferencias han trascendido el ámbito gubernamental y se han reflejado en diversas denuncias públicas relacionadas con la operación interna del gobierno municipal.
Medidas cautelares permanecen bajo reserva
Debido a la naturaleza del caso y a la necesidad de proteger a la presunta víctima, el Tribunal Electoral de Veracruz determinó mantener bajo reserva los detalles de las medidas cautelares otorgadas a la síndica.
Por esta razón, el contenido específico de las acciones de protección no fue revelado públicamente. El acuerdo únicamente fue difundido de manera sintetizada tanto en el portal oficial del Tribunal como en los estrados del Palacio Municipal.
Mientras tanto, el expediente continuará su curso legal y serán las autoridades jurisdiccionales las encargadas de determinar si existieron conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género o vulneraciones a los derechos político-electorales de la funcionaria municipal.
