Señalan a Inzunza como enlace del Cártel de Sinaloa; buscaría ser testigo clave
Tras ser señalado por el Departamento de Justicia por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, la defensa del senador busca un acuerdo que podría incluir su ingreso al programa de protección de testigos
Cortesía de Irene Alarcón/Diario del Istmo
El panorama legal y político para el senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, ha dado un giro inesperado que podría tener repercusiones a nivel nacional. De acuerdo con información revelada por fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos al diario El Universal, el equipo legal del legislador ha iniciado gestiones formales para que su cliente sea considerado bajo la figura de testigo cooperante.
Este movimiento estratégico surge apenas unos días después de que las autoridades estadounidenses lo acusaran formalmente de mantener vínculos operativos con la facción delictiva conocida como “Los Chapitos”.
Las fuentes consultadas detallan que este tipo de negociaciones deben ser conducidas exclusivamente por abogados federales con registro en Estados Unidos. En el sistema judicial estadounidense, un individuo señalado por delitos de narcotráfico que decide entregarse y aportar información clave puede acceder a importantes beneficios procesales.
Además, si se comprueba que existe un riesgo inminente y real de represalias contra su integridad, Inzunza podría ser admitido simultáneamente en el Programa Federal de Protección de Testigos (WITSEC), una medida extrema que subraya la gravedad del caso.
El peso de las acusaciones y el nexo con Rocha Moya
La acusación formal, dada a conocer el pasado 29 de abril, sacudió las estructuras del poder en Sinaloa. El Departamento de Justicia señala a Inzunza de haber fungido como el enlace principal entre los líderes del Cártel de Sinaloa y Rubén Rocha Moya, quien recientemente solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador del estado con el objetivo de no entorpecer las investigaciones que también ha iniciado la Fiscalía General de la República (FGR).
Según los documentos judiciales estadounidenses, Inzunza Cázarez, durante su etapa como secretario General de Gobierno de Sinaloa, presuntamente facilitó la comunicación para que la organización criminal brindara apoyo logístico y de protección durante la campaña electoral que llevó a Rocha Moya a la gubernatura.
A cambio de este respaldo, se acusa que el gobierno estatal habría protegido las operaciones de tráfico de drogas e instalado a funcionarios a modo.
Contradicciones y defensa pública
A pesar de las gestiones confidenciales que sus abogados estarían realizando en Washington, el senador ha mantenido una postura pública de rechazo absoluto. A través de sus redes sociales, Inzunza calificó los señalamientos como “calumnias” e “infamias”, asegurando que refutará todas las falsedades.
En sus mensajes, destacó su trayectoria de más de 25 años en el Poder Judicial de Sinaloa, donde fungió como Magistrado Presidente por casi 11 años, y argumentó que las acusaciones surgieron casualmente después de que él defendiera la soberanía de México en la tribuna del Senado.
No obstante, su notable ausencia en el pleno legislativo tras darse a conocer la imputación ha generado fuertes especulaciones. Diversos analistas advierten que, de concretarse el acuerdo de cooperación, el testimonio de Inzunza podría ser la pieza clave para desentrañar la presunta red de complicidades.
Convertirse en testigo protegido lo obligaría a declarar en contra de Rocha Moya y otros altos funcionarios, marcando un hito en la impartición de justicia binacional.
